Diputados en fuga: la nueva Ley de Educación

 

Prof. Ignacio Montes Cárdenas

 

Para vergüenzas no gana uno. Nada más hay que ver la actuación de nuestros flamantes diputados del Congreso del Estado el pasado 12 de marzo para preguntarnos: ¿En qué manos estamos?

 

Haciendo a un lado su propia legalidad, la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el priísta Presidente del Congreso del Estado, René Mendívil, citó a los diputados un día anterior , por mensaje a sus celulares, cuando el artículo 18, fracción VII,   obliga a hacerlo con tres días de anticipación por lo menos y por escrito, para que quedara constancia.

 

El Presidente del Congreso también violó los derechos de los diputados al impedirles participar en la discusión y aprobación de la nueva Ley de Educación del Estado: Art. 18, fracc. III.- Son derechos de los diputados participar en las discusiones y votaciones de iniciativas de leyes y decretos de conformidad con lo establecido por la Constitución Local. Para los que añoraban al autoritarismo priísta, aquí lo tenemos de regreso.

 

Obligó a los diputados a votar en lo general, pero sin discusión. 17 diputados votaron a favor, incluidos los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL, éstos últimos diputados maestros, Irma Martínez Manríquez, exSria. Gral de la Sección 2, y el Lic. José Alberto Martínez Carrillo, actual Srio. Gral. de la Sección 37 del SNTE: ¿Todavía habrá dudas del cuál es la posición del SNTE oficial ante la Reforma Educativa? De claro apoyo a la misma ¡Por supuesto! Junto con el dizque partido de los maestros, el PANAL. Sólo los diputados de izquierda votaron en contra.

 

El Presidente del Congreso “permitió” la discusión en lo particular, donde el maestro José Alberto Martínez Carrillo propuso se agregara “el respeto a los derechos laborales de los maestros” y se prohibieran las llamadas cuotas “voluntarias” en los centros escolares. Estos agregados del maestro Alberto no son más que una cándida hoja de parra que mal encubre la desnudez de un apoyo a la nueva Ley Educativa del Estado, donde se ponen en entredicho los derechos laborales de los maestros. Nos preguntamos: ¿En dónde quedarán los 70 años de lucha sindical por adquirir nuevas prestaciones? ¿Qué pasará con el entramado legal en que se sustentaban nuestros derechos laborales (Art. 123 const., Apdo. “B”, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento General de las Condiciones de Trabajo, Ley del Servicio Civil, Reglamento de Escalafón, Carrera Magisterial, etc.)? ¿Pasaron a ser letra muerta? ¿Es lo que el viento se llevó?

 

Si los dirigentes sindicales permiten el desmantelamiento de nuestras condiciones de trabajo y la pérdida de prestaciones, es tiempo ya de que la base sindical tome la palabra y encabece la lucha por el mantenimiento de nuestros derechos laborales y las prestaciones que hoy, todavía, tenemos. Nuestro presente y porvenir como trabajadores de la educación está en juego.

 

Tijuana, B. C., a 24 de marzo de 2014

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