|
ACUERDO NACIONAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
18 de mayo de 1992
I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalece la soberanía y la
presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y
con estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la libertad
y la justicia. Estos objetivos que exigen educación de alta calidad, con
carácter nacional y con capacidad institucional al que asegure los niveles
educativos suficientes para toda la población. Asimismo, precisan la
reafirmación y el acrecentamiento del compromiso del Estado mexicano con la
educación pública. Este documento contiene el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica que suscriben el Gobierno Federal, los
gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La estrategia de modernización del país y la reforma de Estado requieren que se
aceleren los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de
la vida nacional, este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la
sociedad y de los niveles de gobierno entre sí y supone, en general, una
participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. En esta
articulación moderna del Estado y la sociedad, los vínculos entre la escuela y
comunidad adquieren una importancia especial. De acuerdo con el legado de
nuestro liberalismo social, la educación debe concebirse como pilar del
desarrollo, la libertad y la justicia. Es indispensable, entonces, consolidar un
sistema educativo nacional con responsabilidades afines a nuestro federalismo,
con contenidos educativos pertinentes a la formación de mejores ciudadanos. La
modernización hace necesario transformar la estructura, consolidar la planta
física y fortalecer las fuentes de financiamiento de la acción educativa. Es
indispensables propiciar las condiciones para un acercamiento provechoso entre
gobiernos locales, la escuela y la vida comunitaria que la rodea. En esta tarea
habrán de desempeñar un papel esencial tanto los maestros como su organización
gremial, como los padres de familia.
El Gobierno federal, los gobiernos estatales, el magisterio nacional y la
sociedad se proponen transformar el sistema de educación básica -preescolar,
primaria y secundario- con el propósito de asegurar a los niños y jóvenes una
educación que los forme como ciudadanos de una comunidad democrática,, que les
proporciones conocimientos y capacidad de elevar la productividad nacional, que
ensanche las oportunidades de movilidad social y promoción económica de los
individuos, y que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los
educandos y de la sociedad en su conjunto.
Este Acuerdo Nacional se concentra en educación básica. Esta comprende los
ciclos fundamentales en la instrucción y formación de los educandos,
preparatorios para acceder a ciclos medios y superiores. En ello se imparte el
conjunto de conocimientos esenciales que todo ciudadano debe recibir. A las
consideraciones, medidas y programas que contiene este Acuerdo se ha añadido la
educación normal porque es la que capacita y forma el personal docente de los
ciclos de educación básica. La evidencia histórica y las experiencias recientes
demuestran la correlación entre una educación básica de calidad y la posibilidad
de desarrollo es muy fuerte. La educación básica impulsa la capacidad productiva
de una sociedad y mejora las instituciones económicas, sociales, políticas y
científicas, puesto que contribuye a fortalecer decididamente la unidad nacional
y a consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa distribución
del ingreso, a fomentar hábitos más racionales de consumo, a enaltecer el
respeto a los derechos humanos, en particular el aprecio a la posición de la
mujer y de los niños de la comunidad, y a facilitar la adaptación social al
cambio tecnológico. Además, una buena educación básica genera niveles más altos
de empleo bien remunerado, una mayor productividad agrícola e industrial, y
mejores condiciones generales de alimentación y de salud, y actitudes cívicas
más positivas y solidarias.
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el
compromiso del Gobierno federal, de os gobiernos estatales de la República t del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran
esfuerzo que extienda la cobertura de los servicios educativo y eleve la calidad
de la educación a través de una estrategia que atiende a la herencia educativa
del México del siglo veinte, que pondera con realismo los retos actuales de la
educación, que compromete recursos presupuestales crecientes para la educación
pública, y que se propone la reorganización del sistema educativo, la
reformulación de los contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la
función magisterial.
II ANTECEDENTES
La educación es ámbito decisivo para el futuro de la nación. La acción educativa
del gobierno y de la sociedad es una de nuestras grandes prioridades. Existe un
claro consenso acerca de la necesidad de transformar el sistema educativo. Ese
reclamo social, extendido tanto en la geografía del país como entre los sectores
de la sociedad, es por una educación de calidad. La aspiración es esencial,
además, para cumplir cabalmente con el Artículo Tercero Constitucional cuyo
mandato es por una cobertura suficiente, una mejoría constante en la calidad de
la educación a partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y
gratuito de la que imparte el Estado, su dimensión nacional y sus sustento en el
progreso científico.
La vocación educativa de México ha significado una preocupación nacional,
permanente y prioritaria desde la creación, en 1921, de la Secretaría de
Educación Pública. Detrás de las demandas enarboladas de 1919 por democracia,
igualdad y justicia, estuvo siempre el anhelo de oportunidades educativas. La
estrategia en los primeros años de vida de la Secretaría de Educación Pública
fue multiplicar escuelas, obtener un amplio concurso colectivo en las tareas
educativas prioritarias, articular el esfuerzo de los estado y los municipios;
en una palabra, diseñar una educación pública nacional.
En el lapso de siete décadas prácticamente se generalizó el ingreso a la
educación primaria, se realizaron verdaderas cruzadas de alfabetización que
llevaron las primeras letras a casi todos los rincones del país, se construyeron
decenas de miles de escuelas, se crearon los libros de texto gratuito, se amplió
la educación secundaria y fueron establecidos los centros de educación básica
para adultos. También en ese período se multiplicó el número de facultades y
centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
abrieron universidades en todas las entidades de la República y se inició el
desarrollo de la educación tecnológica con la fundación del Instituto
Politécnico Nacional. A lo largo y ancho del país han proliferado museos, salas
de conciertos, galerías teatros, casas de la cultura, bibliotecas públicas e
instalacio1nes deportivas.
Cada generación ha impreso a la tarea educativa el sello justo de su tiempo. De
ahí que, con razón, hablemos de una auténtica hazaña educativa del siglo veinte
mexicano. Desde 1921, la educación pública ha sido fundamental en la
construcción del país que hoy es México.
Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha logrado
un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pasó de un grado a
más de seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por ciento, uno
de cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso
a la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria es de
alrededor de 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la
enseñanza secundaria. Se ha establecido una compleja red de modalidades y
planteles en todos los niveles. En educación primaria están inscritos más de 14
millones de niños, y en secundaria más de 4 millones. Tan sólo en los diecinueve
años de vigencia de la actual Ley Federal de educación, el número de alumnos
pasó de 13.7 a casi 26 millones; el de maestros de 419 mil a poco más de un
millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil.
En esta hazaña educativa corresponde un mérito sobresaliente al magisterio
nacional. Los maestros mexicanos del siglo vente han dejado constancia de su
dedicación, sus conocimientos y la nobleza de su labor. El maestro ha sido -y
deberá seguir siendo- el protagonista de la obra educativa del México moderno.
III LOS RETOS
ACTUALES DE LA EDUCACIÓN
El gran esfuerzo educativo mexicano ha mostrado que es capaz de contender con
los problemas de cobertura de la educación básica, incluso ante una demanda
enormemente acrecentada por la dinámica demográfica. Sin embargo, con miras al
nuevo milenio y ante los desafíos del mundo en que vivirán nuestros hijos, es
preciso reconocer las limitaciones que está mostrando hoy el sistema educativo
nacional.
No obstante los avances, el reto de la cobertura educativa subsiste. Los
resultados del XI Censo General de Población y Vivienda, relativos al año de
1990, permiten apreciar limitaciones muy serias de la cobertura educacional en
lo que se refiere a alfabetización, acceso a la primaria, retención y promedio
de años de estudio, y esto acentuado con disparidades regionales muy marcadas.
La calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no
proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y
destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los
educandos y para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su
propio progreso social y al desarrollo del país.
Muchas de las grandes tareas educativas de las generaciones de este siglo
implicaron una concentración -y hasta una centralización- de esfuerzos. Hoy, el
esquema fuertemente concentrado no corresponde con los imperativos de
modernización. Debe cambiar, por lo tanto, para atender con eficacia las nuevas
exigencias del desarrollo social. El sistema educativo en su conjunto muestra
signos inequívocos de centralización y cargas burocráticas excesivas. Se ha
distanciado crecientemente la autoridad de la escuela con el consiguiente
deterioro de la gestión escolar, y se ha hecho más densa la red de
procedimientos y trámites. La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes
no está siendo cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia y la
comunidad. En la práctica, prevalece una cierta ambigüedad en las atribuciones
educativas que conciernen a los niveles del Gobierno Federal, estatal y
municipal. En muchos sentidos, hemos llegado al agotamiento de un esquema de
organización del sistema educativo trazado hace ya 70 años.
Sin embargo, sería erróneo atribuir la totalidad de los problemas del sistema
educativo ala centralización. No debemos ignorar que, por razones muy diversas,
durante varios años y hasta antes del inicio de la actual administración, las
condiciones financieras del país causaron una prolongada escasez de recursos que
limitó el quehacer educativo y erosionó los incentivos y la capacidad de motivar
al magisterio nacional.
Para atender los retos educativos, es importante distinguir los campos de
acción: por un parte, aquél que, pese a ser ajeno al sistema educativo, incide
fuertemente en su desempeño, y es el que comprende factores inherentes al
desarrollo general del país que suelen contribuir a la eficacia del proceso
educativo y que, a la vez, son influidos por él. Entre ellos destacan el nivel y
crecimiento del ingreso per capita, la distribución del ingreso nacional, el
acceso a los servicios básicos como la salud, vivienda, energía eléctrica, agua
potable, y la calidad de la alimentación de niños y jóvenes. Por ello, toda la
política económica y social del Estado mexicano tiene que ser llamada a
colaborar decisivamente en el mejoramiento de la educación pública. El otro
campo incluye los factores propiamente del sistema educativo, que son a los que
se refiere este Acuerdo Nacional.
Las tareas educativas que debemos acometer demandan, en primer término, el
sostenimiento de la política que, en años recientes, ha significado la
asignación de recursos crecientes al sector de educación. Durante los primeros
cuatro años de la presente administración el gasto de la educación del Gobierno
federal se habrá incrementado en más del 70m por ciento en términos reales. Algo
semejante ha ocurrido con el gasto de gobiernos estatales. La expansión del
gasto público en la educación habrá de proseguir durante muchos años, hasta que
se logre contar con el sistema educativo que demanda el desarrollo nacional. En
este sentido, una política fundamental para lograr la modernización de la
educación básica es el compromiso de los gobierno federal y estatales de
continuar incrementando, a tasas considerablemente superiores a las del
crecimiento del producto interno bruto, su gasto de educación.
Si bien el aumento en los recursos es una condición necesaria para elevar la
calidad del sistema educativo, no es, por sí mismo, condición suficiente. En
efecto, una mayor disponibilidad de recursos significa la ampliación de la
cobertura educativa, pero no implica necesariamente el mejoramiento en la
calidad de la educación; incluso, su efecto en la cobertura puede ser
insatisfactorio si los recursos se vierten a través de un sistema que los
utilice inadecuadamente. Por ello, es indispensable que el aumento de recursos
previstos para los próximos años, vaya acompañado de la aplicación de
estrategias que tengan efectos favorables en los puntos neurálgicos del sistema
educativo. Entre estos, hay dos que, con base en la experiencia de México y
otros países, revisten una enorme importancia para la calidad educativa y que,
por tanto, deben recibir atención prioritaria. Ellos son: los contenidos y
materiales educativos, y la motivación y preparación del magisterio.
También es de gran importancia rectificar la tendencia manifiesta en los últimos
años a reducir el número de días efectivos de clases en el año escolar. Como
primer paso, a partir del próximo ciclo escolar se procurará un incremento
equivalente por lo menos al diez por ciento en los días escolares efectivos, lo
que puede lograrse evitando días sin clase distintos a los que fija el
calendario escolar oficial.
Pero más recursos, más días efectivos de clase, programas idóneos, mejores
libros de texto y maestros adecuadamente estimulados, podrían tener efectos
imperceptibles en la cobertura y calidad educativa, si no se dan a través de un
sistema que supere los obstáculos e ineficiencias del centralismo y la
burocracia que aquejan al sistema educativo nacional. Por eso es importante que
la otra línea fundamental de la estrategia sea la reorganización del sistema
educativo.
Por lo anterior, este Acuerdo Nacional entraña, en primer lugar, el compromiso
de reconocer en la educación uno de los campos decisivos para el porvenir de la
Nación, así como reiterar la vigencia del concepto de educación nacional,
labrado en el curso de nuestra historia, y del ejercicio de las facultades y
atribuciones que competen a la Secretaría de Educación Pública para hacerlo
efectivo. Dicho compromiso se expresa en continuar otorgándole a la educación la
más alta prioridad en la asignación del gasto público. Se asume también el
compromiso de atender, con sustento en una creciente canalización de recursos
públicos, tres líneas fundamentales de estrategia para impartir una educación
con cobertura suficiente y con calidad adecuada: la reorganización del sistema
educativo, la reformulación de contenidos y materiales educativos, y la
revaloración social de la función magisterial.
Este Acuerdo Nacional está inspirado en el propósito fundamental de elevar la
calidad de la educación pública pero los programas y acciones que aquí se
formulan tendrán también el efecto de promover y mejorar la calidad de la
educación que, con apego a las disposiciones vigentes, imparten los
particulares. En efecto, del Acuerdo se derivarán planes y programas de estudio
tendientes a una mayor calidad y, a través de mejores escuelas públicas, se
establecerán referentes de una mejor jerarquía y competitividad educativa para
la escuela privada.
IV: LA
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable
consolidar un auténtico federalismo educativo y promover una nueva participación
social en beneficio de la educación.
Federalismo
educativo.
Desde el constituyente de 1824, y en afinidad con los postulados del
liberalismo, el régimen federal ha sido la organización política natural de
nuestro país para lograr, en la rica diversidad de sus regiones, la unidad
nacional. Esta organización fue ratificada y enriquecida por la Constitución
Política de 1917. En el siglo veinte el sistema federalista ha sido el medio
para conjuntar objetivos, aglutinar fuerzas y cohesionar labores. En razón de
estas virtudes políticas, recurrimos al federalismo para articular el esfuerzo y
la responsabilidad de cada entidad federativa, de cada municipio y del Gobierno
Federal, en nuestro propósito de alcanzar una educación básica de calidad.
Al igual que en tantos aspectos del proceso de modernización que recientemente
hemos emprendido los mexicanos, gobierno y sociedad buscamos afianzar la plena
vigencia del espíritu y la norma constitucional. La Constitución dispone que el
Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la
República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función
social educativa entre la Federación, los estados y los municipios. En
cumplimiento de ese precepto constitucional, el Congreso de la Unión expidió,
entre otras, la Ley Federal de Educación. En este marco jurídico expresamente se
señala que la prestación de servicios educativos es una de las actividades de la
función educativa en la que hay concurrencia de la Federación, los estados y los
municipios. Consecuentemente se dispone que la Federación podrá celebrar con los
estados y los municipios convenios para coordinar o unificar dichos servicios.
Este Acuerdo Nacional fortalece la observancia del régimen legal existente
ajustándose a la concurrencia de atribuciones previstas.
A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con
fundamento en lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la
Ley Federal de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades
federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para
concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y operación del
sistema de educación básica y educación normal. De conformidad con dichos
convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales
encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la
Secretaría de Educación Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas
sus modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria,
secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la
educación indígena y los de educación especial.
En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal
recibe, los establecimientos escolares con todos loes elementos de carácter
técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles,
con los que la Secretaría de educación Pública venía prestando, en el estado
respectivo, hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los
recursos financieros utilizados en su operación.
La transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la
educación pública por parte del Gobierno Federal. El ejecutivo Federal vigilará
en toda la República el cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así
como la Ley Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; asegurará
el carácter nacional de la educación y, en general, ejercerá las demás
atribuciones que le confieren los ordenamientos aplicables. Es importante
destacar que el carácter nacional de la educación se asegura principalmente a
través de una normatividad que sea observada y aplicada de manera efectiva en
todo el territorio del país. En tal virtud, el Ejecutivo Federal promoverá y
programará la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional;
formulará para toda la República los planes y programas para la educación
preescolar, primaria, secundaria y normal; autorizará el uso de material
educativo para los niveles de educación citados; mantendrá actualizados y
elaborará los libros de texto gratuitos para la educación primaria; propiciará
el desarrollo educativo armónico entre las entidades federativas; concertará con
éstas las acciones necesarias para reducir y superar disparidades y dará
atención prioritaria a aquellas regiones con importantes rezagos educativos;
establecerá procedimientos de evaluación del sistema educativo nacional;
promoverá los servicios educativos que faciliten a los educadores su formación y
constante perfeccionamiento, y fomentará permanentemente la investigación que
permita la innovación educativa.
La autoridad educativa nacional se fortalecerá ejerciendo la función
compensatoria entre estados y regiones que nuestros ordenamientos y tradiciones
asignan al Gobierno federal. Así, dicha autoridad velará porque se destinen
recursos relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias
más acusadas. De igual modo, la autoridad nacional seguirá diseñando y
ejecutando programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en
las zonas desfavorecidas o en aquellas cuya situación educativa es crítica. Se
hará un esfuerzo significativo en programas que mejoren la eficiencia terminal
de la educación primaria y reduzcan el analfabetismo en las zonas y entre los
grupos de mayor atraso educativo. A fin de ejercer mejor su función
compensatoria, el Gobierno Federal conservará la dirección y operación de los
programas más estrechamente vinculados a ella.
El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que
cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y
cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección
de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad
federativa, y cumplir con los otros compromisos que adquiere en este Acuerdo
Nacional. Asimismo, convendrá con aquellos gobiernos estatales que hasta ahora
han aportado recursos modestos a la educación, que incrementen su gasto
educativo a fin de que guarden una situación más equitativa respecto a los
estado que, teniendo un nivel similar de desarrollo, ya dedican una proporción
más significativa de sus presupuestos a la educación.
Cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente,
sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones
jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás
servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Asimismo, los
gobiernos estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerán y
proveerán los necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales
de los trabajadores antes mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que
los citados derechos laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el
Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria en los
términos de la ley. De igual modo, las prestaciones derivadas del régimen de
seguridad social de los trabajadores que se incorporen a los sistemas educativos
estatales, permanecerán vigentes y no sufrirán modificación alguna en perjuicio
de ellos.
Los gobiernos de los estados reconocen al Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los
trabajadores de base que prestan sus servicios en los establecimientos y
unidades administrativas que se incorporan al sistema educativo estatal.
Al convenirse la transferencia aludida, el Gobierno Federal no se desprende de
ninguna de las responsabilidades que, conforme a la Ley, están a su cargo. Por
el contrario, mediante este Acuerdo Nacional se facilita el cabal cumplimiento
de dichas responsabilidades y quedan establecidas las condiciones para cumplir
otras, así como para ejercer de mejor manera sus facultades exclusivas. En
observancia del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de
Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los
planteles de educación básica y de formación de maestro en el Distrito Federal.
Corresponde, por tanto, a dicha Secretaría ejecutar en el Distrito Federal las
acciones convenidas en este Acuerdo.
En lo que concierne a los estados, no adquieren nuevas funciones que actualmente
no tengan conforme a la Ley. La transferencia convenida propiciará que realicen
actividades de la función educativa que la ley señala como concurrentes y que
hasta ahora, en algunos casos, no han realizado por falta de una delimitación
precisa de responsabilidades, Asimismo, será responsabilidad del Gobierno
Estatal proponer a la Secretaría de Educación Pública el diseño de los
contenidos regionales y su adecuada inclusión en los planes de estudio. Los
aspectos regionales de los contenidos educativos deberán asegurar que los
estudiantes adquieran un mejor conocimiento de la historia y geografía, la
diversidad ecológica, las costumbre y tradiciones del estado correspondiente. Al
igual que en el caso del Gobierno Federal, todas las responsabilidades que el
Acuerdo Nacional y los respectivos convenios asignan al cargo de los estados,
tienen un fundamento en Artículo de la Ley. Al aprovechar nuestra organización
federalista para una plena concurrencia de los niveles de gobierno en el
esfuerzo educativo, se fijan condiciones para una participación más dinámica y
comprometida de los municipios -base de la organización política de la Nación-.
Con ello se logrará animar un más amplio concurso comunitario en la escuela,
ejercer un control social más eficaz sobre la calidad de la educación, y
responder consensualmente a los problemas y necesidades más inmediatos de la
escuela. De ahí que, en los términos de este Acuerdo Nacional, se conviene en
involucrar a los municipios en las tareas educativas del futuro y promover la
creación de consejos municipales de educación, a fin de que exista un órgano que
apoye y fomente de manera eficaz la educación en cada localidad. Los gobiernos
estatales harán lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los municipi0os
están directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas
sirviéndose de los recursos que, al efecto, reciban del gobierno estatal y
atendiendo a las recomendaciones de dichos consejos municipales.
La nueva
participación social
Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social
generarán un nuevo sistema que impulsará decisivamente la calidad de la
educación. La magnitud y trascendencia de la obra educativa que reclama el
futuro de México entraña la participación de cuantos intervienen en los procesos
educativos: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los derechos
escolares y las autoridades de las distintas esferas del gobierno.
Existe amplia constancia de que es aconsejable propiciar un mayor equilibrio en
la participación de los diversos actores del quehacer educativo. Cada comunidad
y la sociedad en su conjunto, deben participar en forma activa y creadora en lo
que concierne a la educación y, particularmente, en el sistema educativo del
país. Para lograr este propósito, es indispensable fortalecer la capacidad de
organización y la participación en la base del sistema -la escuela misma-, de
los maestros, los padres de familia y los alumnos.
Articular una vinculación más estrecha entre el sistema educativo y la comunidad
ofrece indudables ventajas. En primer lugar, la participación de la comunidad en
las tareas educativas permitirá desplegar la energía social para un decidido
enriquecimiento de la educación. En segundo lugar, eliminará la intermediación
burocrática entre todos los actores del proceso educativo; esto es, redundará en
una comunicación más directa y fluida entre el alumno, maestro, escuela y
comunidad.
En los términos que fija la Ley Federal de Educación, y salvaguardando los
contenidos y los aspecto técnicos del proceso educativo, es conveniente
estimular la participación individual y colectiva de los padres de familia. Así
podremos lograr mejores resultado educativos, una mejor comprensión y un
respaldo más efectivo de los padres hacia la labor del maestro y la escuela, de
detección y solución de problemas especiales derivados de la asistencia,
aprendizajes atípicos, problemas de salud, etcétera. Al contribuir más los
padres de familia en el aprendizaje de sus hijos y en algunos asuntos no
técnicos de la vida escolar, se tiende una red social de interés, motivación y
participación propositiva en torno al proceso educativo de los hijos. Esa red
redundará en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos y en un
fortalecimiento de carácter integral de la educación.
Por último, al impulsar la participación social en el quehacer educativo se
propicia una mayor atención de la comunidad en el correcto funcionamiento de la
escuela, sus instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen
sus maestros, y el cumplimiento de planes y programas de estudio. De hecho, una
mayor cercanía de la comunidad con la escuela fomenta las formas de apoyo
horizontal entre las familias que coadyuva a reducir los índices de reprobación
y deserción de los niños de la propia comunidad, del barrio o del poblado. En
este sentido, una más amplia participación social en la educación generará
niveles más altos de información acerca del quehacer educativo, avivará el
interés familiar y comunitario por el desempeño escolar, y se traducirá en una
verdadera contraloría social -no coercitiva, sino persuasiva y propositiva- de
la educación.
En consecuencia, mediante este Acuerdo Nacional se comprometen las voluntades de
los signatarios así como de sus representados, para fortalecer los ámbitos y
niveles de participación de la comunidad en las labores cotidianas de educación
y en la organización del sistema escolar. Este sistema habrá de poseer una
estructura que parta de la escuela, el espacio de interacción cotidiana del
maestro, el alumno y los padres de familia, y se extienda a la comunidad
municipal primero, hacia la entidad federativa después, y por último, al
conjunto de la Federación. La nueva estructura organizativa implica el
cumplimiento de responsabilidades, el uso de recursos, la correspondencia con
los niveles de gobierno emanados del régimen federal, y la creación de figuras
colegiadas -consejos escolares, municipales y estatales- en la que estén
representados el maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad.
Implica también funciones de gestión ante otras autoridades, colaboración y
apoyo. En ningún caso, dichos cuerpos colegiados duplicarán o invadirán la
atribuciones que correspondan a los consejos técnicos, que por Ley deben existir
en las escuelas y que será fortalecidos a partir de este Acuerdo.
V. REFORMULACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Los planes y programas de estudio de los ciclos que corresponden a la educación
básica, casi tienen veinte años de haber entrado en vigor y, durante ese lapso,
han sido sometidos a reformas esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y
programas fueron resultado de un esfuerzo muy meritorio y, en muchos aspectos,
ciertamente exitoso.
Sin embargo, hoy muestran deficiencias que han sido señaladas por maestros,
padres de familia, miembros de la comunidad científica, la Secretaría de
Educación Pública, así como por los estudios y propuestas del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación.
Para atender tal exigencia generalizada de mayor calidad, es preciso definir con
claridad lo que, en el ,mundo de hoy y ante los retos del porvenir, constituye
una educación básica de calidad, a fin de formular una política educativa y
determinar las acciones del gobierno y la sociedad que permitan alcanzar
nuestros objetivos. En este sentido, existe un amplio consenso acerca de que es
aconsejable concentrar el plan de estudios de la educación primaria en aquellos
conocimientos verdaderamente esenciales.
El fundamento de la educación básica está constituido por la lectura, la
escritura y las matemáticas, habilidades que, asimiladas elemental pero
firmemente, permiten seguir aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los
soportes racionales para la reflexión. En un segundo plano, todo niño debe
adquirir un conocimiento suficiente de las dimensiones naturales y sociales del
medio en que habrá de vivir así como de su persona. En ello, destacan por su
importancia, la salud, la nutrición, la protección del medio ambiente y nociones
sobre distintas formas de trabajo. Asimismo, es preciso que el educando comience
a comprender los principios éticos y las aptitudes que lo preparan para una
participación creativa y constructiva de la sociedad moderna. Esto supone
conocer las características de la identidad nacional y el alcance de los
derechos y obligaciones del individuo, así como una primera información sobre la
organización política y las instituciones del país. Una educación básica
procura, también, un nivel cultural afín a nuestra civilización y a la historia
nacional, y forma la personalidad fundándola en valores como la honradez, la
confianza y la solidaridad, que son indispensables para una convivencia
pacífica, democrática y productiva.
Estos criterios normarán una reforma integral de los contenidos y materiales
educativos que habrán de traducirse en la renovación total de programas de
estudio y libros de texto para el ciclo escolar 1993-19994. La implantación de
esta reforma culminará hasta septiembre de 1993 por diversas razones, como por
ejemplo que prácticamente la totalidad de los libros de texto gratuito para el
año lectivo 1992-1993 se hallan impresos desde inicios del presente año.
En la educación preescolar sí es posible implantar una reforma casi completa
desde el próximo año escolar. De conformidad con los resultado de un diagnóstico
pertinente, de la consulta nacional y las opiniones del magisterio, se ha
diseñado un nuevo programa cuyas características se pueden resumir en que ofrece
una mejor articulación son los ciclos subsecuentes, toma en cuenta la
idiosincrasia del niño mexicano, considera tanto las necesidades nacionales como
las particulares de cada región y organiza mejor los contenidos para un avance
gradual y sistemático en el conocimiento, y aprovecha la participación de los
padres de familia y la comunidad en la educación. La aplicación del programa
comprende acciones de capacitación en las entidades federativas, distribución de
materiales de apoyo para los niños, maestros, directivos y padres e familia, y
la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación de la práctica
docente y el desempeño educativo en los jardines de niños.
En cuanto a la primaria y la secundaria, la mejora de su calidad no puede
esperar a la reforma integral. Existe la urgencia compartida por gobierno,
maestros, padres de familia y la sociedad en su conjunto, de actuar con
celeridad para obtener resultado satisfactorios lo antes posible. No se trata de
ensayar políticas apuradas o de llevar a cabo acciones precipitadas. Se trata de
emprender programas y acciones que, con realismo y sencillez pero con claridad
de objetivos, comiencen a atender con eficacia aquellos problemas que más
obstruyen la calidad de la educación. La obtención de buenos resultados en tales
programas y acciones permitirá avanzar con rapidez y comprobar la pertinencia de
la estrategia adoptada, redundará en una creciente confianza y será un estímulo
para una mayor participación social. Los programas de aplicación inmediata se
han denominado Programas Emergentes que, en ejercicio de sus facultades
normativas nacionales, serán diseñados y coordinados por la Secretaría de
Educación Pública para ser aplicados por los gobiernos estatales. Con esto se
dará un ímpetu inicial al propósito de fortalecer el nuevo federalismo
educativo.
Para la primaria, se aplicará un Programa Emergente de Reformulación de
Contenidos y Materiales Educativos, cuyos objetivos específicos son: 1
Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la
lectura, la escritura y la expresión oral. Se hará énfasis en los usos del
lenguaje y la lectura y se abandonará el enfoque de la lingüística estructural,
vigente desde principios de los años setenta. 2 Reforzar a lo largo del ciclo el
aprendizaje de las matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para
relacionar y calcular las cantidades con precisión, y fortalecer el conocimiento
de la geometría y la habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos.
En la enseñanza de la materia se desechará el enfoque de la lógica matemática,
también introducido hace casi 20 años. 3 Restablecer en la primaria el estudio
sistemático de la historia, la geografía y el civismo, en lugar del área de
ciencias sociales. 4 Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados
con el cuidado y la salud del alumno, y acentuar una formación que inculque la
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Al no ser posible en el corto plazo la sustitución generalizada de los libros de
texto ya producidos, la estrategia para cumplir los objetivos señalados
consistirá en canalizar la mayor parte del esfuerzo hacia la información y
orientación de los maestros. La Secretaría de Educación Pública producirá y
distribuirá por conducto de los gobiernos estatales, guías de trabajo para cada
una de las materias y grados a que se refiere este Programa Emergente. El
propósito de estas guías es sugerir al maestro una selección de temas de
enseñanza que subraye los contenidos básicos, secuencias temáticas más adecuadas
y, en algunos casos, la supresión de cuestiones que se juzguen poco pertinentes
o que rebasen el nivel de desarrollo de los niños. Esta estrategia se realizará
utilizando los actuales libros de texto gratuito que se distribuirán a los niños
como se ha venido haciendo, pero que serán empleados con un manejo y una
selección temática diferentes. Junto con esa propuesta temática, se presentarán
al maestro sugerencias de actividades y estrategias didácticas que diversifiquen
sus posibilidades en relación con los temas más importantes. Estas guías no
serán un conjunto de instrucciones rígidas, uniformes y exhaustivas, pues está
demostrado que ese tipo de material es inconveniente y poco útil. Las guías
pretenden orientar y sugerir, en el marco de lineamientos claros y cada maestro
las adaptará a su estilo de trabajo y a las condiciones de sus alumnos y de su
escuela. Además, la Secretaría de Educación pública entregará a los maestros,
por conducto de las autoridades locales, libros y otros materiales de la más
alta calidad que amplíen su información sobre cuestiones básicas, en especial
las que tienen ahora un mayor peso o un nuevo enfoque en el plan de estudios.
En el caso de la historia, se ha estimado conveniente subsanar el insuficiente
conocimiento de historia nacional de los alumnos, impartiendo durante el próximo
año lectivo cursos de historia de México para los grados 4º,5º y 6º. Por tanto,
se ha considerado indispensable preparar y distribuir, ya para el año escolar
1992.1993, dos nuevos libros de Historia de México, uno para el 4º grado y otro
para los grados 5º my 6º, en virtud de que los libros de ciencias sociales hasta
ahora vigentes son inadecuados para el logro de los propósitos que se procuran.
Para la redacción de estos libros se ha obtenido la colaboración de distinguidos
historiadores del país quienes, junto con un equipo de maestros y diseñadores,
trabajan en una obra de alta calidad científica, pedagógica y editorial. Esta
iniciativa exigirá la edición y distribución de seis millones y medio de
volúmenes adicionales.
En el marco de este Acuerdo, es muy satisfactorio informar que el Presidente de
la República ha instruido a la Secretaría de Educación Pública para que declare
el ciclo escolar 1992-1993, Año para el Estudio de la Historia de México.
El Programa Emergente para la Reformulación de Contenidos y Materiales
Educativos confirmará la vigencia social y educativa del libro de texto gratuito
para la educación primaria. Además, en colaboración con los gobiernos de las
entidades federativas se realizará un esfuerzo especial para mejorar la
oportunidad y eficiencia con que se distribuyen los libros de texto gratuito a
las escuelas.
En lo que se refiere al ciclo de la secundaria, y en respuesta al amplio
consenso de maestros, especialistas y padres de familia, a partir del próximo
año escolar y comenzando con el primero de secundaria, se reimplantará en todas
las escuelas del país el programa por asignaturas, sustituyendo al programa por
áreas establecido hace casi dos décadas. Se reforzará marcadamente la enseñanza
de la lengua española y las matemáticas, aumentando a cinco horas semanales la
impartición de clases de ambas materias en vez de las tres horas, hasta hace
poco previstas. En la secundaria también se restablecerá el estudio sistemático
de la historia, tanto universal como de México, la geografía y el civismo.
Conviene precisar que en el respaldo a esta reforma, la industrial editorial
elabora ya los libros de texto, basados en el nuevo programa diseñado para este
ciclo.
VI. REVALORACIÓN DE
LA FUNCIÓN MAGISTERIAL
El protagonista de la transformación educativa de México debe ser el maestro. Es
el maestro quien transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual
y debe ser ejemplo de superación personal. Es él quien mejor conoce las virtudes
y debilidades del sistema educativo. Sin su compromiso decidido, cualquier
intento de reforma se vería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales
de la transformación educativa es revalorar la función del maestro.
El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo
educativo y la nueva participación social de la educación. La revaloración de la
función magisterial comprende seis aspectos principales: la formación del
maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera
magisterial y el aprecio social por su trabajo.
Formación del
maestro
La reorganización del sistema educativo permitirá a los maestros una mayor
vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. En virtud de
que, en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos
dedicados a la formación magisterial pasan a ser jurisdicción estatal, los
gobiernos de las entidades federativas asumirán la responsabilidad de integrar
un sistema, por cada estado, para la formación del maestro. En uso de sus
atribuciones en materia de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los
lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad federativa se
establecerá un sistema estatal para la formación el maestro que articule
esfuerzos y experiencias en los ámbitos para la formación inicial,
actualización, capacitación, superación e investigación. En este sentido, la
integración de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se destinan
a la formación del magisterios, en particular, la dotación de material y equipo
-hasta ahora, sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del
personal docente. Así, habrán de mejorarse bibliotecas, laboratorios e
instalaciones para observación y prácticas.
En el caso de la formación profesional inicial, se diseñara un modelo con un
tronco básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y
secundaria. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes
para ser flexible y apto ante los cambios de su mercado de trabajo, y ala vez,
capaz de adquirir la profundización necesaria en el área de su interés
principal. Asimismo, habrá una reforma curricular a fin de evitar la enorme
dispersión de los actuales planes de estudio y, en cambio, capacitar al maestro
en el dominio de los contenidos básicos. Con ello se orientará a los maestros
hacia el aprendizaje continuo e independiente y hacia una intensa observación y
práctica en el salón de clase. En un plazo razonable, y al cabo de un proceso en
el que participe el magisterio nacional, el Gobierno Federal expedirá los
lineamientos necesarios para reformar la educación normal del país. Dicha
reforma deberá comprender la simplificación de los requisitos y la reducción de
plazos de estudio para la carrera normal.
Actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio
Es preciso llevar a cabo un esfuerzo especial para motivar al maestro a lograr
una actualización permanente y dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere
su importante actividad.
En virtud de que apremia la actualización de conocimientos del magisterio
nacional, se conviene el establecimiento de un Programa Emergente de
Actualización del Maestro con miras a fortalecer en el corto plazo, los
conocimientos de los maestros y de coadyuvar así a que desempeñen mejor su
función. El objetivo es que antes del próximo ciclo escolar se despliegue un
esfuerzo extraordinario para fortalecer su formación. El Gobierno federal
otorgará los lineamientos, materiales, así como el apoyo presupuestal y
logístico, para que los gobiernos de los estados emprendan programas emergentes
de actualización en sus respectivas entidades federativas.
El Programa Emergente de Actualización combinará la educación a distancia, el
aprendizaje en cursos, sesiones colectivas de estudio e intercambio de puntos de
vista, y el trabajo individual de los maestros. Una vez elaborados los
materiales correspondientes a partir del mes de agosto, y en forma escalonada,
se impartirán cursos de carácter intensivo destinados tanto a maestros como a
directores de escuela y supervisores. En los cursos se utilizarán las guías, los
libros y otros materiales correspondientes al Programa Emergente de
Reformulación de Contenidos Y materiales Educativos. Así, el objetivo general de
estos cursos será transmitir un conocimiento inicial, suficiente y sólido sobre
la reformulación de contenidos y materiales para la educación básica. A partir
de esta primera fase, se proseguirá la actualización a través de actividades de
concentración, pero, en especial, mediante actividades en los propios planteles
y zonas escolares.
El núcleo de la actualización emergente se ubicará en los consejos técnicos de
cada escuela e involucrará a los jefes de sector, los inspectores, los
directores de las escuelas, los Consejos Técnicos Estatales de la Educación y
los consejos técnicos de sector y de zona.
Los cursos en el seno de los consejos técnicos de cada escuela serán
complementados con cursos por televisión que familiaricen a directivos y
maestros con los programas emergentes. Para ello, se pondrá en operación un
sistema de transmisión por televisión, vía satélite, con una red de varios
centenares de sedes locales, equipadas para la recepción y grabación de video y
radio. Los gobiernos de los estados, con el apoyo económico y logístico federal,
habilitarán un cierto número de planteles con antenas parabólicas y aulas con
monitores para la recepción de una nueva señal de televisión de la Secretaría de
Educación Pública.
Salario profesional
Desde el 1º. De diciembre de 1988 y hasta antes del pasado Día del Maestro, los
salarios del magisterio habían recibido importantes incrementos que significaron
para el maestro comenzar a recuperar su poder adquisitivo. Aun tomando en
consideración que el esfuerzo del pueblo y el gobierno de México ha sido enorme,
es preciso admitir que el obtenido es todavía insuficiente para remunerar y
motivar adecuadamente a los maestros. En consecuencia, el Gobierno federal y los
gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose para mejorar las
percepciones del magisterio. El 15 de mayo pasado, como es habitual a esa fecha,
el Gobierno Federal acordó con el SNTE el otorgamiento de un aumento adicional.
Con ese importante incremento, se alcanza el intervalo entre tres y cuatro
salarios mínimos, señalado por la propia organización gremial como salario
profesional. Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual Administración
se haya acumulado un incremento muy sustancial- el salario de la plaza inicial,
que es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía a
1.5 salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios mínimos, y la
mayoría de los maestros estará percibiendo un equivalente superior a 3.5 veces
el salario mínimo general del país.
Vivienda
De otra parte, a fin de complementar el salario profesional y contribuir a una
mejora importante en los niveles de vida de los maestros, se integrará un
programa especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que se
aprovecharán los mecanismos institucionales de apoyo a la construcción de
vivienda y las nuevas oportunidades de financiamiento a que dará lugar el
Sistema de Ahorro para el Retiro. Este programa ofrecerá opciones de
construcción y crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos organismos de
vivienda de la Federación y contará con la participación de los gobiernos
estatales y municipales, así como de la iniciativa privada.
La carrera
magisterial
A fin de dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro, y en
respuesta a la demanda del SNTE, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales
adoptarán una medida de especial trascendencia: la creación de la carrera
magisterial.
La carrera magisterial dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente:
estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento
profesional, material y de la condición social del maestro. De esta forma,. Se
acuerda el establecimiento de un mecanismo de promoción horizontal para el
personal docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica.
Su propósito consiste en que esos maestros pueda acceder, dentro de la misma
función, a niveles salariales superiores con base en su preparación académica,
la atención a los cursos de actualización, su desempeño profesional, y su
antigüedad en el servicio y en los niveles de la propia carrera magisterial.
El nuevo aprecio social hacia el
maestro
Un sistema educativo de calidad sólo se consolidará creando una nueva
institucionalidad que enaltezca el ejercicio y la vocación magisterial. A su
vez, una educación de calidad contribuye a valorar mejor la tarea del maestro.
El Gobierno Federal y los gobiernos estatales procurarán el reconocimiento
nacional, al maestro mexicano, instituyendo honores, premios, distinciones y
estímulos económicos a su figura y labor. El Gobierno federal, los gobiernos de
las entidades federativas, las autoridades municipales y la sociedad en su
conjunto seguirán realizando un gran esfuerzo para garantizar que el maestro
mexicano disponga de las condiciones materiales que exige el eficaz desempeño de
su actividad. El fortalecimiento del federalismo educativo permitirá la adopción
de mecanismos complementarios para estimular y premiar al maestro.
Asistimos a un momento decisivo de nuestra historia en el que el cambio es el
signo del tiempo. Los mexicanos hemos decidido modernizar nuestro país. La
transformación educativa se inscribe en esa estrategia. Con ella daremos
respuesta a las necesidades del futuro con el ritmo que demanda el mundo
contemporáneo, y aseguraremos una modernización que fortalezca nuestra identidad
nacional en el marco de una creciente prosperidad general.
Ciudad de México, D.F. a los 18 días del mes de mayo de 1992.